Los seis que siguen prófugos eran miembros clave o estaban asociados con la milicia Al Kaniyat que controló Tarhuna desde al menos 2015 hasta junio de 2020, cuando las fuerzas gubernamentales los expulsaron de la ciudad, que se encuentra a unos 65 kilómetros (unas 40 millas) al sureste de Trípoli.
Las órdenes de detención contra Abdurahem Khalefa Abdurahem Elshgagi “Al Khani”, Makhlouf Makhlouf Arhoumah Doumah “Douma”, Nasser Muhammad Muftah Daou “Al Lahsa”, Mohamed Mohamed Al Salheen Salmi “Salheen”, Abdelbari Ayyad Ramadan Al Shaqaqi “Al Shaqaqi” y Fathi Faraj Mohamed Salim Al Zinkal “Al “Zinkal” se abrió el mes pasado.
Desde junio de 2020, se han exhumado cientos de cadáveres de fosas comunes en Tarhuna y sus alrededores, presuntamente víctimas de crímenes equivalentes a crímenes de guerra, incluidos asesinato, tortura, violencia sexual y violación.
Determinación digna y férrea
Al informar a los embajadores en el Consejo de Seguridad desde Trípoli, la capital de Libia, el fiscal de la CPI, Karim Khan, habló de sus reuniones e interacciones con las familias de las víctimas.
“Hoy, un individuo dijo algo muy simple y muy cierto, que cada hogar en Tarhuna tiene una víctima.. Cada persona que detalló una pérdida ha sufrido el fin de su universo, y el desamor era palpable y sincero”, dijo.
También transmitió su “férrea determinación”.
«Tienen una convicción clara: la justicia, la rendición de cuentas y los procesos justos son esenciales para ellos, sus familias, su comunidad y para Libia en general», añadió, destacando la importancia del apoyo internacional para ejecutar las órdenes.
Pidió la asistencia del Consejo de Seguridad, los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la CPI y otros Estados no Partes para garantizar que los sospechosos sean detenidos y llevados ante la justicia, en un juicio independiente, libre y justo.
Nuevo cambio de paradigma
Khan también destacó un “nuevo cambio de paradigma” según el cual el progreso es posible, discernible y identificable.
Señaló avances significativos en las investigaciones relacionadas con crímenes en centros de detención y crímenes cometidos entre 2014 y 2020, y agregó que se esperan más solicitudes de órdenes de arresto en los próximos meses.
Algunas de las solicitudes pueden ser secretas para aprovechar oportunidades de arresto, dijo.
El Sr. Khan también destacó la necesidad de seguir colaborando con las autoridades libias para lograr estos objetivos, citando los resultados positivos de sus reuniones con funcionarios libios, incluido el Fiscal General, y el establecimiento de un nuevo mecanismo para coordinar las investigaciones y los procesamientos.
El equipo de la CPI también ha intensificado el compromiso con organizaciones de la sociedad civil, señalando que su equipo se reunió con más de 70 grupos de la sociedad civil libia y defensores de los derechos humanos y discutieron sus expectativas.
“[They] no son un apéndice [but] en el centro de nuestras discusiones”, afirmó Khan.
Karim Khan (en la pantalla), Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), informa al Consejo de Seguridad sobre la situación en Libia.
Los planes están funcionando
Para concluir, recordó la hoja de ruta para culminar la etapa investigativa del proceso judicial.
«Creo que, colectivamente a través de estas actividades combinadas, estos planes están funcionando», dijo, y enfatizó que las «esperanzas, expectativas y la determinación férrea de las víctimas deben estar en primer plano».
Si bien hay muchos desafíos y los próximos pasos no serán sencillos, expresó su convicción de que hay espacio para desarrollar soluciones al problema que ha afectado a Libia durante más de 13 años.
Remisión del Consejo de Seguridad
Si bien no es una organización de la ONU, la CPI tiene un acuerdo de cooperación con las Naciones Unidas. Cuando una situación no está dentro de la competencia de la Corte, el Consejo de Seguridad puede remitir la situación a la CPI otorgándole competencia.
La situación en Libia fue remitida al Fiscal de la CPI por el Consejo de Seguridad en la resolución 1970, adoptada en febrero de 2011. En marzo, el Fiscal anunció la decisión de abrir una investigación.
En esa resolución, el Consejo también impuso sanciones selectivas, incluida una prohibición de viajar al Presidente Muammar Al-Qadhafi y otras figuras importantes de su administración, incluidos algunos miembros de su familia.
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