31/03/2023
Los esfuerzos de conservación realizados logran seguir alejando del riesgo de extinción a esta especie endémica de la región mediterránea
Entre 2021 y 2022 se censaron 821 parejas en España y 20 en Portugal, datos que suponen un incremento del 53% de la población desde 2017
El grupo de trabajo del águila imperial ibérica, integrado por representantes de administraciones ambientales de España y Portugal y que cuenta con el asesoramiento de expertos y entidades especializadas, ha presentado los resultados del seguimiento y los trabajos de conservación realizados a favor de una de las especies emblemáticas de la fauna española, y única rapaz endémica de la península ibérica. Entre 2021 y 2022 se censaron un mínimo de 841 parejas de águila imperial ibérica, 821 en España y 20 estimadas en Portugal. Estos datos suponen un incremento del 53% de la población desde 2017, anterior año en el que se recopiló un censo coordinado a nivel ibérico y que entonces ofreció 536 parejas.
La especie se sigue distribuyendo por cinco comunidades autónomas españolas, aunque el número de provincias con presencia de territorios se ha incrementado en este último censo coordinado hasta las 21. A partir de 2018, Granada, Cuenca y Palencia ya albergan parejas reproductoras de la especie. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que acoge mayor número de parejas reproductoras; en 2022 se censaron 396 territorios de águila imperial ibérica, lo que supone el 47% del total existente en España. Las amplias zonas de esta región que cuentan con hábitats muy favorables para la especie, asociados principalmente al valle del Tajo, entorno de Sierra Morena y comarca de Campo de Montiel, han permitido un incremento relevante de parejas y, al mismo tiempo, del número de ejemplares dispersantes asentados en territorio castellano-manchego. Toledo se revela como la provincia clave para esta especie, con 212 territorios contabilizados.
También en Andalucía se ha producido un incremento muy importante de parejas, desde las 70 registradas en 2011 a las 136 de 2022, con una notable ampliación del área de asentamiento de la especie que ha alcanzado en los últimos años las sierras Subbéticas y la provincia de Granada. Castilla y León cuenta con 131 parejas en clara tendencia expansiva, principalmente hacia el norte de la región. La Comunidad de Madrid también alberga una elevada densidad de águilas imperiales, alcanzando las 83 parejas en 2022 (en 2008 eran 30). En Extremadura también aumentan la población de águilas imperiales, aunque a un ritmo menor, acogiendo en 2022 un total de 75 parejas. Por su parte, Portugal informa de un mínimo de 17 parejas en su territorio, estimándose la presencia posible de 20, principalmente distribuidas por la región del Alentejo y en áreas limítrofes con Extremadura.
RECUPERACIÓN DE LA ESPECIE
La población reproductora del águila imperial ibérica ha mostrado una tendencia al alza desde que comenzaron los trabajos de seguimiento y conservación, tras la protección de la especie y su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. El primer censo nacional de la especie, realizado en 1974 por Jesús Garzón, contabilizó únicamente 39 parejas. Catorce años después de ese primer censo ya se superaba el centenar de parejas (104) y la población siguió creciendo, a una tasa promedio del 6% anual para llegar a las 841 del año 2022. En 2023 se prevé actualizar un nuevo censo completo, que permita confirmar la tendencia creciente de la especie.
La labor desarrollada por administraciones públicas, propietarios de fincas privadas, entidades conservacionistas e investigadores ha contribuido a recuperar una de las especies más representativas de la fauna ibérica. La contribución financiera del programa LIFE de la Unión Europea también supuso en la década de 1990 un impulso importante para mejorar el conocimiento de esta especie y de las amenazas que afronta, así como para desarrollar un programa coordinado de actuaciones en nuestro país.
Los trabajos de adecuación de las características técnicas de los apoyos de líneas eléctricas peligrosas han sido fundamentales para mejorar la supervivencia de la especie, puesto que la electrocución en estas estructurase ha sido –y sigue siendo– el principal factor de mortalidad no natural del águila imperial ibérica. Desde la aprobación del Real Decreto 1432/2008 por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, las administraciones públicas han invertido al menos 30 millones de euros en el período 2008-2020, que se complementarán con otros 60 millones para el período 2021-2026 procedentes de los fondos Next-Generation de la Unión Europea.
Otro factor importante de mortalidad no natural ha sido el envenenamiento con cebos tóxicos ilegalmente colocados en el medio natural. Entre 1992 y 2017 se detectaron 195 ejemplares muertos por esta causa. La aprobación de planes de actuación a nivel autonómico y la inversión en métodos de prevención y persecución del uso ilegal de cebos envenenados han posibilitado que esta amenaza se haya reducido proporcionalmente en los últimos años. No obstante, existen otras amenazas que siguen afectando a la especie: entre ellos, la persecución directa con métodos ilícitos (disparos, por ejemplo), la intoxicación por ingesta de presas con altos niveles de metales pesados (plomo principalmente) y, el desarrollo de infraestructuras que puedan afectar negativamente a esta recuperación.
Por ello, a pesar de estos resultados positivos y del exitoso ejemplo que supone el trabajo de conservación realizado con el águila imperial ibérica, que ha permitido reducir significativamente su riesgo de la extinción, aún es preciso seguir manteniendo los esfuerzos de seguimiento e investigación, de inversión en arreglo de tendidos, de protección de áreas críticas ante transformaciones del hábitat por implantación de desarrollos energéticos y de conciliación de las prácticas desarrolladas en el medio rural. Al tratarse de una especie endémica, España y Portugal tienen la máxima responsabilidad a nivel global para asegurar la conservación de esta especie considerada prioritaria en el conjunto de normas y convenios internacionales sobre conservación de la biodiversidad.
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