El rechazo de una familia de Arzúa (Galicia, España) al tratamiento con electrochoques (que la ONU y la OMS consideran tortura) no está siendo respetado por el hospital de la Xunta de Galicia.
El hospital psiquiátrico de Conjo (Santiago, Galicia, España) dependiente de la Xunta de Galicia, continuando con su oscuro pasado de vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, repite los daños que genera el Electroshock en las personas.
Se ha solicitado comentario al Ministro de Salud de Galiza pero no hay respuesta hasta el momento.
Con decepción, una familia de Arzúa relató a este periódico la decisión de un juez de permitir que la sección de psiquiatría del hospital provincial de Conxo aplicara la terapia electroconvulsiva (TEC), más conocida como electroshock, a uno de sus hijos, IBAP, que es 30 años. Tanto los padres como los familiares, acompañados del fiscal, que pidió el cese de la medida y aún está a la espera de una respuesta judicial, acudieron el pasado miércoles al hospital para intentar frenar la prueba. Si bien se pospuso, parece que está inclinado para hoy, a pesar de las repetidas llamadas al hospital desde The European Times, los números de teléfono suenan desconectados, ocupados o inexistentes.
Según el padre del afectado, que responde a las siglas JCA, “mi hijo sufrió un brote psicótico hace poco más de un mes; lo llevamos al CHUS y de ahí lo mandaron al Provincial, y el psiquiatra, sin su consentimiento, pidió orden de ingreso”.
“Es la primera vez que le pasa algo así, y ya hemos pedido plaza en un hospital privado, para una segunda opinión, pero no nos dejan sacarlo”, explica la progenitora. quien dice que lo peor es que intentan hacer una prueba pidiendo consentimiento a los padres para una persona que no esté incapacitada y sea mayor de edad. “Quiere salir de ahí, nos dice y repite que no está loco. Pero el psiquiatra está empeñado en electrochoques”, dice ella.
La ONU y la OMS
Según una de las guías de la ONU y la OMS:
“La institucionalización es una práctica discriminatoria contra las personas con discapacidad (artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). Implica la negación de facto de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en violación del artículo 12 de la Convención. Es una detención arbitraria y privación de la libertad en base a una deficiencia, contraria al artículo 14 de la Convención. Expone a las personas con discapacidad a intervenciones médicas forzadas con drogas psicotrópicas, como sedantes, tranquilizantes, estabilizadores del ánimo, terapias de electrochoque y terapias de conversión, en violación de los artículos 15, 16 y 17 de la Convención. También los exponen a la administración de medicamentos y otras intervenciones sin el consentimiento libre, previo e informado de las personas con discapacidad, en violación de los artículos 15 y 25 de la Convención”.
