01/06/2023
Los datos se han desvelado en unas jornadas de intercambio con autoridades judiciales y policiales celebradas en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
A falta de una base de datos oficial y centralizada que monitorice la mortalidad ilegal de fauna protegida en España, esta semana, los días 30 y 31 de mayo, se presentó el análisis más exhaustivo realizado hasta la fecha sobre esta problemática en nuestro país. Ha sido elaborado por WWF junto con el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT), la Universidad de Granada (UGR) y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC). Según la investigación, las autoridades recopilaron un total de 4.902 casos de delitos cometidos contra especies protegidas de fauna entre 2015 y 2020, que supusieron la muerte de al menos 8.784 animales.
Esos datos oficiales, obtenidos a partir de peticiones de información a las comunidades autónomas, son sólo la punta del iceberg, pues la mayoría de casos no se detectan: por ejemplo, se estima que tan solo uno de estos delitos (el uso de veneno en el campo) supone la muerte de alrededor de 10.000 animales cada año, y que solo salen a la luz entre el 10 y el 15 % de los casos de envenenamiento. La razón es la enorme extensión del territorio a cubrir, sumado a la falta de medios humanos, aunque tecnologías como el uso de dispositivos GPS en proyectos de conservación de la fauna, el desarrollo de unidades policiales especializadas o el uso de patrullas caninas contribuyen notablemente a la detección.
PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
Los delitos contra la fauna salvaje son devastadores para la biodiversidad, especialmente cuando afectan a especies amenazadas. El uso de veneno, la caza y pesca ilegales, el uso de métodos de captura prohibidos o el tráfico de especies suponen un grave riesgo para estas especies, y en muchos casos están relacionados con el crimen organizado u otros delitos, como el tráfico de drogas.
Pese a la gravedad de estos delitos, muy pocos llegan a ser juzgados, tratándose por la vía administrativa (con una multa, por ejemplo) o quedando sin resolver. Según la investigación, solo se produjeron 327 sentencias judiciales a partir de los 4.902 casos de crímenes contra la fauna registrados en España (un 6,67% de los casos), por lo que el 93% de los casos no son juzgados.
Las sentencias más frecuentes fueron por posesión de artes de caza y pesca ilegales (213 sentencias), compraventa ilegal de fauna (32 sentencias) y uso de veneno (26 sentencias).
Poniendo el foco en el número de casos, los crímenes más frecuentes son la caza furtiva (1773 casos), los envenenamientos (1899 casos) y el uso o posesión de métodos ilegales de captura (446). La impunidad es especialmente elevada en los casos de caza ilegal: solo un 0,8 % de los casos registrados acabaron en una sentencia judicial.
ESPAÑA, REFERENTE EN VIGILANCIA Y DENUNCIA
La investigación se enmarca en el proyecto europeo LIFE SWiPE (Persecución exitosa de los delitos contra las especies silvestres, por sus siglas en inglés), una iniciativa en la que 11 países han unido fuerzas durante tres años para reducir estos delitos, gracias a la mejora de la coordinación, la formación y la cooperación transfronteriza entre países. El proyecto ha constatado que España está a la vanguardia europea en ciertos ámbitos de la lucha contra el crimen contra la vida silvestre como con los equipos multidisciplinares que combaten el uso de veneno en el campo.
Para seguir avanzando, un centenar de agentes clave de la cadena de lucha contra el crimen contra la vida silvestre -desde jueces y fiscales hasta agentes medioambientales y representantes de Europol- se han encontrado estos dos días en Madrid, en unas jornadas de intercambio de experiencias y conocimientos organizadas por WWF España en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y con el asesoramiento del CIEDA-CIEMAT.
En España existen instrumentos y herramientas legales para luchar contra estos delitos de manera eficaz, con agentes medioambientales de las CCAA, de aduanas, y una policía especializada, el SEPRONA, que es un referente en Europa, además de una Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente.
La colaboración MITECO-SEPRONA ha permitido reforzar la lucha contra el tráfico de vida ilícito de vida silvestre, destacándose, entre otros, la consolidación de cursos de formación específica, la mejora en el número y resultado de operaciones contra el tráfico de especies silvestres, la creación de la Oficina Central Nacional de información sobre actividades ilícitas medioambientales o la consolidación de la red Jaguar de cooperación UE-Iberoamérica.
PLAN TIFIES
El Plan TIFIES tuvo su origen en el Plan de Acción Europeo contra el tráfico de vida silvestre, siendo España el primer Estado europeo en adoptar un Plan de acción de estas características.
Tras un periodo de revisión y consulta, en noviembre de 2022 la UE ha procedido a revisar el Plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres diseñando un nuevo horizonte hasta 2027. A partir de la experiencia generada, su objetivo ahora es responder a los retos actuales de manera global, incorporando tener en cuenta los riesgos zoonóticos asociados al tráfico de especies silvestres y reforzar la lucha contra el tráfico ilícito a través de internet.
En consonancia con la revisión del Plan de acción europeo, el MITECO ha iniciado el proceso de actualización del Plan TIFIES con una primera consulta ya realizada a los ministerios implicados, seguida de la correspondiente a las entidades colaboradoras del Plan TIFIES.
En el nuevo Plan TIFIES se pretende precisamente potenciar la figura de la Entidad colaboradora, una iniciativa singular del Plan español para incentivar la implicación de la sociedad civil, el ámbito académico y el sector privado empresarial, aprovechando las sinergias que puedan establecerse también a nivel internacional, particularmente con Iberoamérica y África.
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